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La Ley “Seguro es Acosar” de Goodlatte duplica la aplicación de las leyes de inmigración y el costo para los contribuyentes

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Diciembre 23, 2013

La Ley “Seguro es Acosar” de Goodlatte duplica la aplicación de las leyes de inmigración y el costo para los contribuyentes

Por Dara Lind
Esto fue publicado originalmente en inglés en America's Voice y luego re-publicado en el blog de la ACLU Nacional

Sabemos que los representantes republicanos están en etapa de negación en cuanto al costo humano de la ley de inmigración y de las deportaciones masivas. Es por eso que hubieran preferido echar a las familias inmigrantes de sus oficinas antes que enfrentarse a las verdaderas consecuencias de las políticas relacionadas exclusivamente con aplicación de la ley. Esta semana, dos nuevos acontecimientos dejan en claro que la negativa es muy fuerte: el Congreso no está ni siquiera dispuesto a reconocer el costo financiero que la aplicación de la ley está imponiendo en estos momentos a los gobiernos estatales y locales; y la ley “SAFE” (más bien la ley “Seguro es Acosar”) que, como era de esperarse, hace del problema algo peor.
La aplicación de las leyes de  inmigración siempre termina siendo más costosa para los gobiernos estatales y locales de lo que ellos se habrían imaginado. La ley HB 56 de Alabama costó aproximadamente $ 11 billones a la economía del estado. Arizona gastó 1.5 millones de dólares sólo en defender la ley SB 1070 ante los desafíos en la corte -y eso es antes de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia (donde gran parte de la ley fue revocada). Pero es difícil sentir lástima por los estados y ciudades que aprueban las leyes anti-inmigrantes, y que lo hacen sólo para darse cuenta luego que de que éstas no funcionan como ellos esperaban (a menos de que la intención sea llenar los bolsillos de Kris Kobach).

Es otra cosa completamente distinta cuando un estado o ciudad está manteniendo los costos de un mandato federal que el gobierno local no necesariamente apoya . Es por eso que el Condado de Miami- Dade decidió esta semana dejar de pagar para mantener a los inmigrantes indocumentados en la cárcel después de que se supone deben ser liberados, para que éstos puedan ser recogidos por los agentes de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos]. La práctica del ICE pide a policías locales mantener a un inmigrante en la cárcel por un extra de 48 horas de modo que el ICE pueda llevárselos en su custodia (y probablemente deportarlos), y es conocida como “detención de inmigración" (en inglés immigration detainer), y ha sido objeto de críticas en todo el país este año - es una forma barata del ICE de establecer una red para rodear a inmigrantes con delitos de tráfico y obligar a los gobiernos locales a pagar la factura. Miami-Dade , por ejemplo, ha " enviado las facturas al gobierno federal [reflejando]  los cientos de miles de dólares en gastos al año ", pero "se le ha pagado [a cambio] mucho menos que a otros condados más pequeños de la Florida". Y Miami-Dade no está solo en esta situación: en el pasado año fiscal, la solicitud de los gobiernos estatales y locales en subvenciones federales SCAAP (una de las formas en que el gobierno federal les reembolsa por la aplicación) fue de seis veces la cantidad de dinero que el Congreso asignó .

Ahora, el condado de Miami-Dade es el último en decirle al gobierno que ya no va a pagar por el privilegio de ayudar a ICE a separar a  las familias. Como dijo la Comisionada del Condado, Sally Heyman: “No sólo se trata de ahorrar dinero. Se trata de salvar a la gente."
¿Y cuál es la solución de los republicanos de la Cámara ante el problema de no pagarle a los departamentos de policía locales suficiente para que puedan hacer cumplir las políticas que ya tienen escritas en sus libros? Obligarlos a hacer aún más, obviamente. Esa es la lección de la ley “Seguro es Acosar” - la primera ley de inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobada este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso (la cual la última vez  señaló que el proyecto de ley de inmigración del Senado ahorraría un trillón de dólares en 20 años) publicó su "récord" sobre la Ley SAFE esta semana, y – duh, encontró - que le costaría al gobierno federal $22,9 billones en 5 años (al parecer Bob Goodlatte y compañía tuvieron miedo de pedirle al CBO hacer una puntación basada en los costos en un período de tiempo de 10 a 20 años, como habían insistido sus homólogos del Senado para la ley S744). Eso es porque el CBO asume que el gobierno federal va a pasar de darle a los gobiernos estatales y locales de una sexta parte del dinero que gastan en detener sólo a los inmigrantes que han sido condenados por delitos, tal como lo hacen ahora, a darles todo el dinero que necesiten para detener a cualquier inmigrante que ha estado acusado de un delito, es decir a cualquier inmigrante que ha estado parado por algún oficial aspirante a Arpaio, por tener una luz trasera rota y luego acusarlo de conducir sin licencia. Así que el costo anual de $4.6 billones de la ley “Seguro es Acosar” no va a caer en el Congreso que la aprueba - gran parte de ella va a caer a los gobiernos estatales y locales como el condado de Miami- Dade.

Sería genial si la puntuación del CBO, o la brecha monetaria de la subvención federal SCAAP, o una nueva política de retención de Miami-Dade forzara a Bob Goodlatte y a los republicanos de la Cámara a hacer frente a la realidad sobre las políticas de inmigración que están promoviendo. El daño causado por la ley “Seguro es Acosar” a los presupuestos y las comunidades simplemente no vale la pena. Pero si Goodlatte y compañía ni siquiera reconocen el costo en dólares ¿Cómo es que alguna vez van a reconocer el costo en vidas humanas?

 
 

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