Las hermanas Imelda y Sandy viajaron a Estados Unidos en busca de reunificarse con su familia en Nueva Jersey cuando la Patrulla Fronteriza las arrestó cerca de Columbus, N.M. De acuerdo al Programa de Defensa e Incidencia Binacional, una coalición mexicana de derechos humanos, las hermanas son originarias de un pueblo rural en Tlaxcala, un estado del centro-sur de México.
No es de todos los días que la Orden Fraternal de Policías, la Asociación de Sheriffs de Condados Grandes, la Conferencia de Alcaldes, y la Liga Nacional de Ciudades se alinean con la ACLU en el mismo lado de la legislación.
WASHINGTON – En una votación de 241-179, la Casa de Representantes pasó el día de hoy el proyecto “Aplicación de la Ley en Ciudades Santuario”. La Unión Americana de Libertades Civiles está entre el amplio espectro de organizaciones que se oponen a esta ley.
Este viernes, el mundo celebrara el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. Cada año se conmemora este día para reafirmar el compromiso universal de erradicar totalmente la tortura que está categóricamente prohibido por el derecho internacional.
De acuerdo a Locke Bell, fiscal de distrito del Condado de Gaston, Carolina del Norte, el origen étnico de un sobreviviente de violencia doméstica puede evitar que reciba igual protección bajo la ley. TheCharlotte Observerreportó que Bell se negó a certificar la aplicación de visa de una sobreviviente de violencia doméstica porque opina que la ley pertinente que protege a las víctimas de crímenes “no fue concebida para proteger a los latinos de otros latinos”.
El “Centro Residencial de Familias del Sur de Texas” en Dilley intenta enmascarar su verdadera naturaleza con alegría forzada y eufemismos inspirados en campamentos de verano. La semana pasada cuando visite Dilley junto con otros representantes de organizaciones no-lucrativas, nos dijeron que los “residentes” viven en “vecindades” con nombres como “La Rana Amarilla” y “El Loro Rojo”, que vienen a juego con etiquetas de personajes de animales, y son observados por “supervisores residenciales”.
El secretario Johnson declaró hace cuatro meses que un nuevo Programa de Ejecución Prioritaria (PEP) sería implementado para reemplazar a Comunidades Seguras “casi de inmediato”. Entre otros cambios propuestos, el secretario ordenó a ICE que descontinuara muchas de sus solicitudes de detención. La ACLU analizó las fortalezas y debilidades del PEP. Sin embargo, cuatro meses después del anuncio del secretario, aún no existe el PEP y perdura la pestilencia de Comunidades Seguras.
Imagínate a una niña en una corte de inmigración, sola– indefensa – representándose a sí misma contra un fiscal del gobierno, de pie ante un juez de inmigración, y tratando, en un idioma que no habla, de presentar un caso por su vida. Por desgracia, regularmente esta horripilante escena tiene lugar en todo el país y actualmente el Congreso está debatiendo una legislación que podría hacer que este triste desenlace sea aún más probable.
Cada día en los Estados Unidos, trabajadores de bajos salarios arriesgan su salud y sus vidas prestando servicios básicos en condiciones peligrosas, con protecciones mínimas para ellos o sus familias cuando se lesionan en el trabajo. Una reciente investigación de NPR y ProPublica descubrió que “los empleadores están pagando las tarifas más bajas en seguros de compensación para trabajadores desde 1970” con recortes a los beneficios “tan drásticos que en algunos lugares prácticamente garantizan que los trabajadores lesionados caerán en la pobreza.”
A pesar de su retórica extrema e provocativa, la decisión de la corte en Texas no ha determinado explícitamente que DAPA (Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales) y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o cualquier otra parte de la acción ejecutiva que ha tomado el gobierno federal, sea inconstitucional.