No es de todos los días que la Orden Fraternal de Policías, la Asociación de Sheriffs de Condados Grandes, la Conferencia de Alcaldes, y la Liga Nacional de Ciudades se alinean con la ACLU en el mismo lado de la legislación.

De acuerdo a Locke Bell, fiscal de distrito del Condado de Gaston, Carolina del Norte, el origen étnico de un sobreviviente de violencia doméstica puede evitar que reciba igual protección bajo la ley. The Charlotte Observer reportó que Bell se negó a certificar la aplicación de visa de una sobreviviente de violencia doméstica porque opina que la ley pertinente que protege a las víctimas de crímenes “no fue concebida para proteger a los latinos de otros latinos”.

El secretario Johnson declaró hace cuatro meses que un nuevo Programa de Ejecución Prioritaria (PEP) sería implementado para reemplazar a Comunidades Seguras “casi de inmediato”. Entre otros cambios propuestos, el secretario ordenó a ICE que descontinuara muchas de sus solicitudes de detención. La ACLU analizó las fortalezas y debilidades del PEP. Sin embargo, cuatro meses después del anuncio del secretario, aún no existe el PEP y perdura la pestilencia de Comunidades Seguras.

Cada día en los Estados Unidos, trabajadores de bajos salarios arriesgan su salud y sus vidas prestando servicios básicos en condiciones peligrosas, con protecciones mínimas para ellos o sus familias cuando se lesionan en el trabajo.  Una reciente investigación de NPR y ProPublica descubrió que “los empleadores están pagando las tarifas más bajas en seguros de compensación para trabajadores desde 1970” con recortes a los beneficios “tan drásticos que en algunos lugares prácticamente garantizan que los trabajadores lesionados caerán en la pobreza.”