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Abuela finalmente libre

Más 2 años y $100.000 después: la arbitraria detención de una abuela llega a su final
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Por primera vez en tres años, Bertha Mejía pasará la temporada navideña en casa con sus hijas y nietos, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Su nieto Pablo, que estuvo bajo su cuidado desde que era un bebé, finalmente podrá pasar la Navidad con la única figura paterna que ha conocido. En septiembre de 2011, la vida de la señora Mejía cambio para siempre cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE por sus siglas en inglés) se presentaron en su casa y la detuvieron. La razón por su encarcelamiento: una serie de condenas menores por hurto  de alimentos y artículos del supermercado.

Mientras la Sra. Mejía luchó por el derecho a permanecer en los Estados Unidos, su hogar durante las últimas tres décadas y el país donde crio a su familia, el gobierno la mantuvo encerrada. Incluso después de una demanda federal interpuesta por la ACLU del Norte de California y su abogada de inmigración, Rosy H. Cho, para exigir una audiencia para fijar la fianza para la Sra. Mejía, el juez de inmigración inexplicablemente se negó a dejarla salir bajo libertad provisional. Negandose a tomar un No como respuesta, la abogada Cho continuó la lucha al presentar apelaciones y hacer múltiples pedidos para que ICE ejerciera su discreción para liberar a la Sra. Mejía.

El viernes pasado, la Sra. Mejía recibió una nueva audiencia de fianza, durante la cual el gobierno se vio obligado a cumplir con un estándar más alto de la prueba para justificar su detención prolongada. Esta vez, el testimonio de la señora Mejía y los argumentos de su abogado finalmente persuadieron al juez de inmigración a liberarla bajo fianza.

La Sra. Mejía y su familia están eufóricos que ella está finalmente en casa, sin embargo, sus 26 meses en detención de inmigrantes fueron traumáticas y sin sentido. Su salud se deterioró dramáticamente durante su detención. Los centros de detención de inmigración tienen la fama de proveer atención médica inadecuada, y la experiencia de la Sra. Mejía no fue la excepción. Al final de su detención, su diabetes empeoro y ella apenas es capaz de subir escaleras debido a su artritis y dolor en sus rodillas. Pablo fue privado de su abuela querida por más de dos años, una eternidad en la vida de un niño pequeño. A pesar de su directiva sobre los intereses paternales de inmigrantes, ICE se negó a liberar la Sra. Mejía para que pudiera continuar con el cuidado de Pablo. Y durante el transcurso de 26 meses, el gobierno federal gastó más de 100.000 dólares para encarcelar a esta abuela de ocho, la cual no tiene antecedentes penales graves o violentos.

Todos los días, se le requiere a ICE detener un promedio de 34.000 inmigrantes en sus centros de detención. Independientemente de cuántas o cuán pocas personas realmente justifican la detención en base a sus casos individuales, ICE llena sus camas. Esta política es derrochadora e inhumana. Mientras el llamado "mandato de la cama" permanezca como política del sistema de detención, miles de inmigrantes como la Sra. Mejía serán sometidos a la práctica de detención arbitraria y a un gran sufrimiento innecesario.

 
 

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