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Victoria Legal de Coalición de Derechos Civiles en la demanda contra la Ley Anti-inmigrante de Alabama

El Acuerdo Bloquea Permanentemente la Mayor Parte de las Peores Disposiciones de la Ley y Destaca la Prohibición de la Disposición de Perfil Racial
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October 29, 2013

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de octubre del 2013

Contactos:
Isabel Alegría, American Civil Liberties Union, (415) 343-0785 o (646) 438-4146; media@aclu.org 
Larry González, Mexican American Legal Defense and Education Fund, (202) 466-0879; lgonzalez@rabengroup.com
Apreill Hartsfield, Southern Poverty Law Center, (334) 782-6624; apreill.hartsfield@splcenter.org
Adela de la Torre, National Immigration Law Center, (213) 400-7822; delatorre@nilc.org 

MONTGOMERY, Alabama - La coalición de grupos de derechos civiles que impugnaron la ley anti- inmigrante de Alabama, HB 56, anunciaron hoy un acuerdo que bloquea permanentemente las disposiciones clave de la ley y prohíbe significativamente el perfil racial de las secciones 12 y 18, las disposiciones relativas a "muéstreme sus papeles".  Se está llegando a un acuerdo similar en un caso presentado por el Departamento de Justicia y también en otro interpuesto por líderes de la iglesia. Ambos acuerdos están pendientes de aprobación definitiva por parte de la Corte.

Según el acuerdo, las disposiciones que actualmente están temporalmente bloqueadas por los tribunales serán bloqueadas de forma permanente. El Estado también pagará los honorarios y costos de los abogados de la coalición, como lo exige la ley federal. Alabama se une a Arizona, Carolina del Sur, Georgia y otros estados cuyas leyes anti-inmigrantes han sido suspendidas por los tribunales.

"Este acuerdo confirma que todos los residentes de Alabama estarán en igualdad de condiciones, independientemente de su estado migratorio", dijo Cecilia Wang , Directora de ACLU Immigrants’ Rights Project "Organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo Alabama están en aviso - si detienen a cualquier persona sobre la base de sospechas acerca de su estatus migratorio, están violando la Constitución de los Estados Unidos y nosotros tomaremos medidas inmediatas para proteger los derechos civiles de las personas en contra de tales violaciones".

El estado también está de acuerdo en que la policía local no puede retener a alguien durante una parada de tráfico sólo para verificar su estado migratorio. Esta es una victoria importante porque muchos departamentos  de policía de todo el estado han interpretado las disposiciones de "muéstreme sus papeles" como una autorización para la detención de personas sólo para verificar su estatus migratorio.  La coalición se mantendrá vigilante para asegurar que estos abusos no continúen.

“Estoy agradecida porque la mayoría de esta ley ha sido permanentemente bloqueada y que la tranquilidad ha vuelto en la comunidad hispana.”, dijo María D. Ceja Zamora, una de las demandante en la demanda.  “Me da tanto gusto ver que todavía hay organizaciones como éstas que presentaron la demanda para ayuda a parar estas leyes discriminatorias, como la HB 56. Dios los bendiga y  sigan haciendo tan buen trabajo”.

“Este acuerdo debe recordarles a los legisladores en Montgomery y en Washington que los derechos constitucionales de las personas no se pueden arrebatar por acto legislativo” asevero Linton Joaquin, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias. “Aquellos que apoyen cualquier intento a expandir leyes que engendran el uso del perfil racial como la ley HB 56 de Alabama están sobre aviso: seguiremos peleando contra estos intentos en el Capitolio y en las cortes si es necesario”

El Southern Poverty Law Center (SPLC), National Immigration Law Center (NILC), American Civil Liberties Union Foundation (ACLU), Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) y otros grupos de derechos civiles presentaron la demanda colectiva - HICA vs. Bentley - en julio del 2011. Esta demanda desafió las disposiciones de la ley que prevenían el acceso de los niños a las escuelas públicas, autorizaba a la policía para exigir "papeles" durante paradas de tráfico y criminalizaba a los residentes de Alabama por las interacciones cotidianas con personas indocumentadas.

Las siguientes importantes disposiciones de la ley han sido bloqueadas de forma permanente por los tribunales como consecuencia de esta demanda:

• La Sección 10, que criminalizaba como delito el no reportar el status migratorio, fue inicialmente bloqueada por la Corte de Apelaciones de los EE.UU. para el Onceavo Circuito y ahora ha sido bloqueada de forma permanente;

• La Sección 28, que requería que las escuelas verificaran el estatus migratorio de estudiantes de nuevo ingreso K-12, fue inicialmente bloqueada por el Onceavo Circuito y ahora ha sido bloqueada de forma permanente;

• La Sección 13, que criminalizaba como delito transportar o rentarle a alguien que es indocumentado, fue inicialmente bloqueada por el Tribunal de Distrito de Birmingham de los EE.UU.,  y ahora ha sido bloqueada de forma permanente;

• La Sección 11(a), que penalizaba la solicitud de trabajo de inmigrantes no autorizados, fue inicialmente rechazada por el Tribunal de Distrito de Birmingham y ahora ha sido bloqueada de forma permanentemente;

• Las secciones 11(f) y (g), que criminalizaban a los jornaleros por sus derechos de la Primera Enmienda de solicitar trabajo, inicialmente fueron bloqueadas por el Tribunal de Distrito de Birmingham y ahora han sido bloqueado de forma permanentemente;

• La Sección 27, que violaba la capacidad de las personas para realizar contratos con alguien que era indocumentado, fue inicialmente bloqueada por el Onceavo Circuito y ahora ha sido bloqueada de forma permanente;

"El corazón de la inconstitucional ley anti-inmigrante de Alabama quedará bloqueada permanentemente con este acuerdo, una victoria histórica para todos los que viven en el estado", dijo Víctor Viramontes, Consejero Nacional, MALDEF. "Otros estados y localidades que consideran como objetivos a jornaleros, niños inmigrantes de edad escolar o trabajadores inmigrantes deben aprender de los costosos errores de Alabama".
"Nosotros les advertimos a  la asamblea legislativa, cuando ellos debatían la HB 56, que si ellos aprobaban esta ley draconiana, que los demandaríamos ante los tribunales y que ganaríamos", dijo Kristi Graunke, abogado del Southern Poverty Law Center. “Eso hicimos.  Ahora es el momento de que nuestros legisladores estatales deroguen los remanentes de la HB 56 y que nuestra delegación ante el Congreso apoye la reforma migratoria que va a arreglar nuestro quebrantado sistema".

El Estado se comprometió a pagar $350.000 en honorarios legales y costos de los abogados de la coalición.

"Durante los dos largos años desde que HB 56 se implementó en nuestro estado, hemos sido testigos de sus efectos nocivos sobre los miembros de la comunidad y la reputación de nuestro estado", dijo Isabel Rubio, directora ejecutiva de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama, una de los demandantes en la demanda. “Estamos agradecidos de que los funcionarios estatales y locales han colaborado con las cortes y con nuestros socios legales para resolver los problemas destructivos provocados por esta injusta ley. Vamos a seguir trabajando para construir un futuro en el que Alabama sea conocida como un lugar donde los inmigrantes son bienvenidos y donde se les reconoce por sus valiosas contribuciones".

"Nosotros le advertimos a la legislatura que la HB 56 no pasaría el filtro constitucional y les advertimos contra una política de Estado que enfrenta a vecinos contra vecinos", dijo Shay Farley, directora legal de Alabama Appleseed Center for Law & Justice, Inc., una demandante en la demanda.  “Hoy celebramos esta victoria juntamente con  nuestros co-demandantes y abogados; agradecidos de que aquellas mezquinas prohibiciones y sanciones impuestas ilegalmente por la HB 56 ya son historia y están permanentemente prohibidas".

Más información sobre el caso y el acuerdo puede ser leído en: http://sp.lc/H1W6C0.

Abogados en el caso: Cecilia Wang, Justin B. Cox, Katherine Desormeau, Kenneth J. Sugarman, Andre Segura, Elora Mukherjee, Omar C. Jadwat, Lee Gelernt y Michael K. T. Tan de ACLU Immigrants’ Rights Project; Graunke, Sam Brooke, Mary Bauer, Andrew Turner, Michelle Lapointe, Dan Werner y Naomi Tsu del Southern Poverty Law Center Joaquin, Karen C. Tumlin, Tanya Broder, Shiu-Ming Cheer, Melissa S. Keaney y Vivek Mittal de The National Immigration Law Center; Victor Viramontes, Martha L. Gomez, Nina Perales y Amy Pedersen de The Mexican American Legal Defense and Education Fund; Foster S. Maer, Ghita Schwarz y Diana S. Sen de LatinoJustice/PRLDEF; Chris Newman y Jessica Karp de The National Day Laborer Organizing Network; Sin Yen Ling de Asian Law Caucus; Erin E. Oshiro de Asian American Justice Center; G. Brian Spears, Ben Bruner, Herman Watson, Jr., Eric J. Artrip y Rebekah Keith McKinney.

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