En lugar de perder miles de millones de dólares en la pena de muerte, podríamos utilizar parte de ese dinero para resolver el 46% de los homicidios y el 56% de las violaciones denunciadas que quedan sin resolverse cada año y hacer de California un lugar más seguro para nuestras familias.
Preocupados por un reportaje que recibió amplia cobertura en los medios de comunicación, en el que una mujer fue entregada a oficiales de inmigración después de llamar a la policía local para reportar un incidente de violencia doméstica, la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial enviaron una carta al Jefe de la Policía de Escondido solicitando una copia del reporte policíaco y demás documentos relacionados con el incidente.
Esta semana una amplia coalición compuesta por agentes del orden, familiares de víctimas de homicidio, personas exoneradas y grupos comunitarios anunció el lanzamiento de la recolección de firmas para la Campaña por una California Segura (SAFE California por la seguridad, responsabilidad y la plena vigencia de la ley), una iniciativa de ley que reemplazará la pena de muerte por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En reconocimiento a la dedicación de la ACLU de San Diego a proteger los derechos de los inmigrantes, el Consulado General de México en San Diego otorgará, por vez primera, el Premio Derechos Humanos al Director Ejecutivo de la región, Kevin Keenan. Defender los derechos de los inmigrantes ha sido una de las prioridades de la ACLU de San Diego.
Una demanda colectiva contra el Departmento de Homeland Security y ICE en representación de adultos detenidos por casos de inmigración se presentó en San Francisco. Estos detenidos comparecen ante el Tribunal de Inmigración encadenados de las muñecas, la cintura y los tobillos, sin tomar en cuenta sus antecedentes o su capacidad de crear problemas de orden público.
Desde la reinstauración de la pena de muerte en los Estados Unidos en 1976, mucho se ha discutido sobre los problemas sociales y económicos que ella acarrea. A pesar del mito popular al contrario, los estudios demuestran que no funciona como un freno contra el homicidio. En realidad, trae altos costos y largos procesos judiciales….