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Estar en desacuerdo con la tiranía no es “terrorismo”

Prisionero político anti-Castrista detenido durante más de un año por el DHS
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December 28, 2011

SAN DIEGO – Tomando en consideración la política exterior de los Estados Unidos, cualquiera pensaría que un activista anti-castrista detenido durante más de una década por el gobierno de Fidel Castro sería un buen candidato para recibir asilo político. Pero en lugar de darle asilo político, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), decidió encerrar a Miguel Fernández Crespo en un centro de detención de inmigración en donde ha permanecido durante más de un año, se opone a su aplicación de asilo y se rehúsa a ponerlo en libertad condicional.


La ACLU de los Condados de San Diego e Imperial presentó un recurso de habeas corpus el día de ayer por considerar ilegal esta detención indefinida. “Los hechos del caso son indignantes,” dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de San Diego. “Nuestro gobierno arresta de forma rutinaria y mecánica a las personas que buscan asilo político por la remota posibilidad de que sean un peligro para la “seguridad nacional” o que puedan participar en actos de “terrorismo”, lo cual de por sí es malo. Pero en este caso, detuvieron a alguien que se opone al régimen castrista—el mismo régimen totalitario contra el cual los Estados Unidos ha estado luchando durante varias décadas.”


La demanda establece que el predicamento de Fernández es similar al de muchas otras personas—muchas de las cuales han sido víctimas de persecución, tortura y terrorismo—que han sido detenidas indefinidamente por el DHS. La ACLU busca poner fin a las aseveraciones del DHS que dictaminan que sus decisiones unilaterales son inapelables y que quienes solicitan asilo político no tienen derecho a una audiencia frente a un tercero neutral para determinar si su detención es justificada. El DHS se opone a la aplicación de asilo de Fernández, asegurando que él está “involucrado en actividades terroristas” y que provee “de apoyo material a una organización terrorista.”


Fernández nació en la Habana, Cuba. Estuvo en prisión por seis meses por “abandono ilegal” después de tratar de escapar hacia los Estados Unidos a la edad de veinte años. Se convirtió en activista del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, partido político que se opone al régimen de Castro, en donde se dedicó a reunir firmas para un referéndum y reclutaba a nuevos miembros del partido. Asistió a algunas reuniones de un grupo juvenil en el que se discutían ideas inverosímiles de actos violentos para desestabilizar el régimen de Castro. Se refirió a las reuniones como la expresión de la “frustración de disidentes jóvenes, apasionados e idealistas contra un régimen brutal y represivo”. Dejó de asistir a las reuniones del grupo para concentrarse en su segundo intento de escape. Fue capturado nuevamente, arrestado y detenido sin juicio durante seis meses. Eventualmente, fue encontrado culpable en un juicio que se convirtió en un espectáculo político, sin jurado, juez independiente, asesoramiento legal, acceso significativo a la evidencia del  gobierno o capacidad de enfrentarse a los testigos en su contra. El juicio de un día de duración fue televisado nacionalmente. Todos los acusados fueron encontrados culpables y Fernández fue sentenciado a diecisiete años en prisión. Gran parte del caso del gobierno cubano en contra de Fernández giró en torno a su participación en actividades políticas—algo que estaría protegido bajo la Primera Enmienda si hubiera ocurrido en este país.


“Que los Estados Unidos le de crédito a este simulacro de juicio y posterior sentencia sería algo irrisorio si no fuera un asunto tan serio,” dijo David Loy, Director Legal de la ACLU de San Diego. “Nuestro propio gobierno está perpetuando la violación al derecho de un debido proceso que sufrió el Sr. Fernández—algo que va en contra de lo que se supone que el sistema de justicia estadounidense debe hacer.”


El recurso que presentó la ACLU de San Diego le solicita a la corte federal la liberación inmediata de Fernández bajo la supervisión adecuada o que se programe una audiencia frente a un juez de inmigración y que sea liberado a menos que el gobierno compruebe a través de evidencia clara y contundente que la detención del Fernández es justificada.


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