a
b
No

Migrantes deportados son despojados de su dignidad. No deberían de ser despojados de sus pertenencias.

Send to friendRecomendar en FacebookCompartir en TwitterPrinter-friendly version

July 27, 2015

Por Astrid Reyes, Programa de Derechos Humanos de la ACLU.

Las hermanas Imelda y Sandy viajaron a Estados Unidos en busca de reunificarse con su familia en Nueva Jersey cuando la Patrulla Fronteriza las arrestó cerca de Columbus, N.M.  De acuerdo al Programa de Defensa e Incidencia Binacional, una coalición mexicana de derechos humanos, las hermanas son originarias de un pueblo rural en Tlaxcala, un estado del centro-sur de México.  Les tomó toda su fuerza, coraje y ahorros venir a Estados Unidos para mantener a sus familias y poder enviar a sus hijos a buenas escuelas.  Después de estar detenidas por cuatro meses, fueron repatriadas a Ciudad Juárez, una enorme y peligrosa ciudad fronteriza completamente desconocida para ellas.  El gobierno estadounidense les quitó lo poco que tenían y las deportó sin dinero, identificaciones, celular, fotos y otros recuerdos.  A Imelda ni siquiera le regresaron su anillo de matrimonio.  Entre lágrimas explicaron que no podían recordar el teléfono de su madre para llamarle y pedirle dinero para poder regresar a casa.  Después de inmensos sacrificios para asegurar que sus familias tuvieran un mejor futuro, Imelda y Sandy  se quedaron con las manos vacías.

Ayer, la ACLU y una coalición de 92 organizaciones de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Bolivia, Argentina, y Ecuador enviaron una carta al relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de las Naciones Unidas para traer su atención a la falta de cumplimiento de Estados Unidos en el regreso de pertenencias a migrantes deportados.

Imelda y Sandy son sólo dos de los miles de migrantes que fueron deportados sin poder recuperar sus pertenencias, distintas agencias estadounidenses que están involucradas en el proceso de remoción, incluyen la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el Buró de Prisiones (BOP) y la Oficina de los Alguaciles Federales. En el año fiscal 2014, las autoridades estadounidenses deportaron alrededor de 316,000 personas, de las cuales el 96 por ciento fueron enviadas a México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Migrantes deportados en la frontera de Estados Unidos-México constituyen una población altamente vulnerable que está sujeta a los caprichos y abusos de oficiales de inmigración estadounidenses durante su detención, y de peligrosas pandillas que operan a lo largo de la frontera tras su deportación.  En el 2012, un informe de investigación de CNN  encontró que oficiales estadounidenses de inmigración fronterizos de manera rutinaria y discriminatoria deportan a migrantes a la media noche a conocidas áreas dominadas por los carteles, dejando a los individuos y las familias desvalidas y con pocos o ningún recurso.

Esta vulnerabilidad se agrava en gran medida por la sistemática incapacidad de los oficiales de inmigración de devolver las pertenencias a los migrantes, incluidas sus identificaciones, dinero, celulares y otras pertenencias críticas que permitirían a los migrantes reestablecer contacto con sus seres queridos y encontrar refugio fuera del alcance de las peligrosas pandillas.  Del 2010 al 2012, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona llegó a cabo entrevistas a personas deportadas en la frontera norte de México, encontraron que el 39 por ciento de los individuos reportaron que “sus pertenencias fueron confiscadas y nunca devueltas” antes de ser deportados.  Además, a pesar del verdadero peligro que enfrentan los migrantes tras ser deportados y los numerosos relatos de violencia, secuestros, y asesinatos, las políticas fronterizas y de detención de inmigrantes de Estados Unidos se ha centrado en estrategias basadas en la disuasión que no son propicias para la seguridad de los migrantes y mucho menos para la recuperación indispensable de sus pertenencias, que en algunos casos podría salvarles la vida.  

La carta presentada ayer al relator especial pretende sacar este tema de las sombras y ponerlo al frente del sistema de derechos humanos de la ONU.  Como el experto principal en los derechos de los migrantes de la ONU, el relator especial monitorea el estado de los derechos de los migrantes en todos los países, y tiene la tarea de abordar con oficiales gubernamentales cuestiones de especial preocupación.  La carta subraya las políticas estadounidenses que impiden que los migrantes retengan sus pertenencias durante su detención, tales como las múltiples transferencias de custodia entre agencias federales y las consecuencias que resultan al no devolverles sus pertenencias.  También recomienda asegurar la recuperación de pertenencias mediante un acuerdo interinstitucional, que permitiría que las pertenencias de los migrantes fueran transferidas con ellos durante su proceso de deportación.

Aunque Estados Unidos ha tenido oportunidades de abordar este tema en el pasado, incluyendo durante el Examen Periódico Universal en Mayo del 2015, esperamos que la intervención del relator especial refleje la urgencia de este tema y guíe a Estados Unidos para que dé prioridad a los derechos humanos de los migrantes. Migrantes como Imelda y Sandy no merecen ser botadas en territorios peligrosos sin tener manera de valerse por sí mismas.  

 
 

©2017 ACLU of Northern California, reservados todos los derechos. Normas de intimidad en Internet (Privacy Statement) | Acuerdo para el uso (User Agreement)