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DHS envía inquietantes mensajes contradictorios acerca de las reformas a Comunidades Seguras

Por Chris Rickerd, Oficina Legislativa de la ACLU en Washington, D.C.
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DHS envía inquietantes mensajes contradictorios

DHS envía inquietantes mensajes contradictorios

March 20, 2015

Durante su primer testimonio ante el Congreso el día de ayer, la nueva Directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Sarah Saldaña, expreso enfáticamente su apoyo a la sugerencia del Rep. Mick Mulvaney (R-SC) de que el gobierno debe “esclarecer la ley” obligando a que se acaten a nivel local y estatal las solicitudes de ICE de mantener a inmigrantes en la cárcel después de su fecha de liberación para su deportación.

Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Nacional, el jefe de Saldaña, expresó una posición muy distinta en noviembre pasado cuando reconoció que “una creciente cantidad de fallos de los tribunales federales establecen que las agencias de la ley estatales y locales violan la Cuarta Enmienda debido a [las detenciones basadas en las solicitudes de ICE]”. Prometió reformar y rebautizar el programa de deportaciones Comunidades Seguras – el que depende de la detención de inmigrantes a nivel estatal y local – de forma que “respalde las actividades policiales comunitarias y fomente la confianza en todos los elementos de la comunidad que trabajan con las agencias de la ley locales”.

Sin embargo, el testimonio de Saldaña contradice directamente la opinión de su jefe, sin mencionar un reciente fallo del tribunal federal de apelaciones que estableció que las solicitudes de detención de ICE solo deben ser no vinculantes.  Por suerte, ni ella ni el Congreso pueden “esclarecer” la Constitución.  La Cuarta Enmienda y los principios del federalismo prohíben que las jurisdicciones estatales y locales puedan privar a las personas de su libertad solo porque los funcionarios de ICE sospechan que se han cometido infracciones migratorias. El testimonio de Saldaña hace que se cuestione el compromiso del DHS de reformar el fracasado programa Comunidades Seguras, que ha producido discriminación racial, cientos de miles de separaciones familiares injustas y disuade a los inmigrantes de llamar a la policía – incluso si son testigos o víctimas de un delito

El secretario Johnson declaró hace cuatro meses que un nuevo Programa de Ejecución Prioritaria (PEP) sería implementado para reemplazar a Comunidades Seguras “casi de inmediato”. Entre otros cambios propuestos, el secretario ordenó a ICE que descontinuara muchas de sus solicitudes de detención. La ACLU analizó las fortalezas y debilidades del PEP. Sin embargo, cuatro meses después del anuncio del secretario, aún no existe el PEP y perdura la pestilencia de Comunidades Seguras.

Las palabras que escogió Saldaña para pedirle al Congreso que obligue a los alguaciles, quienes se han comprometido a defender la Constitución, a violar su juramento y contradecir lo que más le conviene a sus comunidades en materia de seguridad pública, fueron sobrecogedoras. Al decirle “¡Gracias, Amen, sí!” al Rep. Mulvaney, Saldaña insultó a todos los estados y territorios de todo el país que inteligentemente han decidido no participar en el control migratorio.

La respuesta de Saldaña hace que se ponga en duda el compromiso del DHS de reconstruir la confianza deteriorada por Comunidades Seguras. Ella y el DHS deben explicar de inmediato sus verdaderas intenciones y poner fin a las inconstitucionales solicitudes de detención de ICE.

 
 

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