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Cien Grupos De Todo el Mundo a la ONU: Exigimos Rendición de Cuentas por Tortura de la CIA

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June 26, 2015

Por Jamil Dakwar, Director, Programa de Derechos Humanos de la ACLU

Este viernes, el mundo celebrara el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura.  Cada año se conmemora este día para reafirmar el compromiso universal de erradicar totalmente la tortura que está categóricamente prohibido por el derecho internacional.

Ayer, el grupo más grande de organizaciones de la sociedad civil de numerosos países urgieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hacer un llamado a Estados Unidos por no proporcionar justicia tanto para los perpetradores y las víctimas del aborrecible programa de tortura de la CIA.

En 1984, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, que entró en efecto el 26 de junio de 1987.  La administración de Reagan firmó el tratado y lo envió al Senado para su ratificación con el siguiente comunicado:

Las disposiciones básicas de esta Convención establecen un régimen internacional de cooperación en el procesamiento penal de los torturadores que depende de la llamada “jurisdicción universal.”  Cada Estado Parte es requerido que o enjuicie a los torturadores que se encuentren en su territorio o que los extradite a otros países para su procesamiento.

Estados Unidos ratificó el tratado en 1994 y el Congreso pasó un estatuto federal anti-tortura que define el delito de tortura, aunque un poco diferente de como lo define el tratado, y prescribe castigos severos para cualquier persona – ciudadanos o no – que cometan actos de tortura fuera de Estados Unidos.  Desde entonces, Estados Unidos ha contribuido generosamente millones de dólares al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura para que los sobrevivientes puedan rehacer su vida. 

Sin embargo, las prohibiciones estadounidenses e internacionales en contra de la tortura no detuvieron a la Administración de Bush de infringir la ley y autorizar un programa secreto de la CIA de tortura, desapariciones forzadas, y detenciones ilícitas después del 9/11.  Hace seis meses, el Comité de Inteligencia del Senado dio a conocer un resumen de su reporte de tortura de la CIA, documentado con detalles gráficos supuestas ejecuciones, alimentación rectal, y uso generalizado de la privación del sueño y confinamiento solitario.  Si bien el reporte no pide una investigación criminal, si incluye nueva información relacionada con graves delitos federales, incluyendo tortura, homicidio, conspiración, y abuso sexual.  Estos resultados ameritan una amplia investigación criminal.

Sorprendentemente, el Departamento de Justicia declaró a una corte estadounidense que nunca ha abierto el informe completo recibido por el Senado, mucho menos revisado si hay evidencia de violaciones de derechos humanos o delito penal.  Y aun así ayer, en respuesta a la nueva carta de la ACLU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch – respaldada por más de 110,000 firmas pidiendo una amplia investigación criminal – el vocero del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) Marc Ramondi le dijo al Miami Herald:

En el 2009, el Fiscal General dirigió una revisión preliminar del tratamiento de ciertos individuos que presuntamente fueron maltratados mientras estuvieron en custodia del Gobierno de Estados Unidos a raíz de los ataques del 9/11.  Esa revisión genero dos investigaciones criminales, pero el Departamento de Justicia en última instancia se negó a procesar dichos casos porque las pruebas admisibles no eran suficientes para obtener y sostener convicciones más allá de toda duda razonable. Esos investigadores también revisaron el reporte completo del Comité del Senado y no encontraron información nueva que no hubieran considerado previamente para llegar a una determinación.  Esta investigación fue extraordinariamente minuciosa y mantenemos nuestra decisión previamente anunciada de no iniciar cargos criminales.

La renuencia del Departamento de Justicia de ordenar una nueva investigación criminal independiente desafía el sentido común y los principios fundamentales del estado de derecho.  También va en contra de las obligaciones estadounidenses y del derecho internacional y envía un peligroso mensaje a líderes estadounidenses y extranjeros de que la tortura no tiene consecuencias legales.

Es por ello que 100 organizaciones alrededor del mundo emitieron una comunicado el día de ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra haciendo un llamado para asegurar la rendición de cuentas por el programa de tortura de la CIA y reparación para sus víctimas. En septiembre, el Consejo adoptará un reporte sobre el historial de derechos humanos de Estados Unidos como parte del proceso de Examen Periódico Universal. Dicha declaración solicita al Consejo que exija que Estados Unidos “tome medidas para dar cumplimiento a todo el abanico de obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para asegurar justicia, verdad, reparaciones y no repetición. Esto implicaría, entre otras acciones, desclasificar el informe completo del Senado sobre el programa de detención de la CIA, emprender una amplia investigación penal independiente y compensar a las víctimas.”  La declaración concluye:

A través de las experiencias de organizaciones de la sociedad civil y de sobrevivientes de tortura en todo el mundo sabemos que la lucha por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos puede ser un recorrido largo y difícil. EE.UU. debe rechazar la impunidad, retornar al Estado de derecho y proveer una adecuada compensación para los cientos de personas que fueron víctimas de brutales abusos.

Esperamos que Estados Unidos siga ese camino.

 

 
 

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