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Demanda Colectiva de la ACLU Desafía la Aplicación de las Prácticas de las Agencias Migratorias que Separan a las Familias a Través de la Intimidación

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June 4, 2013

SAN DIEGO, CALIFORNIA — A través de desinformación, engaño e intimidación, los Agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE han presionado a cientos, y tal vez a miles de mexicanos con profundas raíces en los Estados Unidos a renunciar a su derecho a una audiencia justa y a la oportunidad de vivir legalmente en el país, alega la ACLU en una demanda interpuesta el día de hoy ante la corte federal en Los Ángeles. La demanda, López-Venegas v. Napolitano, alega que como parte de sus prácticas rutinarias, los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales del ICE presionan a los inmigrantes indocumentados a firmar los documentos que equivalen a su propia expulsión sumaria. El proceso se denomina formalmente “salida voluntaria”, pero con frecuencia resulta en la renuncia involuntaria a los derechos básicos del debido proceso. Si una persona firma su salida voluntaria, inmediatamente renuncia a su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración y usualmente es deportada a México en unas cuantas horas.

“Es inescrupuloso que los agentes de inmigración perpetuamente dejen de informarle a quienes tienen mucho que perder que existe una consecuencia directa y certera de acogerse a la salida voluntaria”, dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial. “Una de las más graves consecuencias es la prohibición de reingresar a los Estados Unidos durante un periodo de 10 años. Nadie debe tener que tomar una decisión tan importante sin conocer todas sus repercusiones.”

La demanda colectiva interpuesta por la ACLU de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Cooley LLP cita la experiencia de siete demandantes, todos sin antecedentes criminales y la mayoría de los cuales fueron abordados por los oficiales de inmigración mientras realizaban sus actividades diarias, tales como esperar por el autobús. Todas estas personas tienen familiares cercanos en los Estados Unidos y pudieron haber obtenido una dispensa de expulsión a través de juzgado o de los programas del Departamento de Seguridad Nacional, pero los oficiales de inmigración les mal informaron las consecuencias y los presionaron a firmar sus propios documentos de deportación. La demanda también nombra como demandantes a dos organizaciones, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles y el Centro de Oportunidad Económica de Pomona, cuales se han visto obligadas a desviar sus escasos recursos en respuesta a las consecuencias de estas prácticas ilegales.

La Patrulla Fronteriza fue demandada hace casi treinta años por una conducta similar en su trato hacia los solicitantes de asilo y hacia los niños, pero desafortunadamente ha continuado presionando a inmigrantes que solo aspiran un camino a la ciudadanía, a que rechacen sus derechos. Esta demanda demuestra que aquellos que deben proteger nuestras fronteras y los valores arraigados en los Estados Unidos, con demasiada frecuencia muestran una aguda indiferencia hacia los derechos humanos y civiles. Para convencer a los inmigrantes y lograr que firmen sus propios papeles de expulsión, los agentes y oficiales los intimidan y físicamente abusan de ellos, amenazándolos con represalias en contra de sus familias, los mantienen incomunicados y les presentan información falsa. Este no es el comportamiento que se espera de las agencias de la ley y el orden de los Estados Unidos.

“La política y práctica de distorsionar los derechos legales de los individuos para deportarlos de forma sumaria (sin debido proceso) del país es inconsistente con las nociones fundamentales de justicia y del debido proceso que contempla nuestra Constitución. La fortaleza de los Estados Unidos radica en acogerse a estos valores y en obedecer los principios del derecho”, dijo Anthony Stiegler, socio de Cooley LLP. “Esperamos que esta demanda logre el cese de estas forzadas ‘salidas voluntarias‘, la reunificación de los agraviados con sus familias y que nuestra patrulla fronteriza mejore sus políticas y prácticas críticas.”

Historias de los Demandantes. Los familiares de los afectados que se mencionan a continuación están disponibles para conversar con la prensa.

La Demandante Isidora López-Venegas es madre de un ciudadano estadounidense diagnosticado con autismo. Los agentes de la Patrulla Fronteriza la arrestaron a ella y a su hijo en el 2011 y los llevaron a una de las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Los agentes de la Patrulla Fronteriza amenazaron a la Sra. López-Venegas diciéndole que si se rehusaba a firmar podía permanecer detenida durante varios meses, separándola de su hijo autista, sin informarle que podía ser puesta en libertad bajo palabra o fianza si optaba por no firmar la “salida voluntaria”. Los agentes la presionaron para que tomara la decisión y enfáticamente le dijeron una media decena de veces que firmara el formulario de salida voluntaria. Los agentes también informaron erróneamente a la Sra. López-Venegas diciéndole que sería más fácil para ella legalizar su estatus a través de su hijo cuando estuviera en México. Esto no era cierto debido a la edad de su hijo. Los agentes tampoco le informaron que no iba a poder reingresar a los Estados Unidos por 10 años si ella salía del país. Debido a la presión ejercida sobre ella, firmó el formulario de “salida voluntaria” y fue expulsada del país. Su hijo ciudadano estadounidense también fue expulsado junto con ella.

La Demandante Ana Maria Dueñas es madre y abuela de ciudadanos estadounidenses. Vivió en los Estados Unidos durante unos 35 años antes de que un agente de la Patrulla Fronteriza la arrestara en el 2011 mientras esperaba un autobús en El Cajon. Un agente de la Patrulla Fronteriza le entregó un formulario en inglés, sabiendo que la Sra. Dueñas solo hablaba español. El agente le informó erróneamente a la Sra. Dueñas que un juez de inmigración en los Estados Unidos no podía otorgarle una dispensa, pero que fácil y rápidamente podía legalizar su estatus migratorio a través de sus hijos estadounidenses adultos cuando estuviera en México. De hecho, la Sra. Dueñas hubiera podido legalizar su estatus si se hubiera presentado ante un juez de migración. El agente amenazó a la Sra. Dueñas diciéndole que si se rehusaba a firmar el formulario, iba a estar detenida durante un mínimo de dos meses y no le informó que hubiera podido ser puesta en libertad bajo palabra si decidía no aceptar la “salida voluntaria”. Además, antes de entregarle el formulario, el agente de la Patrulla Fronteriza no le informó a la Sra. Dueñas en español que podía llamar al Consulado de México o a un abogado. El agente tampoco le informó que no iba a poder reingresar a los Estados Unidos durante diez años si salía del país. La Sra. Dueñas firmó el formulario, a pesar de que estaba escrito en un idioma que no podía leer, y fue deportada hacia Tijuana casi de inmediato.

El Demandante Gerardo Hernández-Contreras es esposo y padre de ciudadanos estadounidenses. En el 2012, mientras conducía en San Diego y hablaba con su esposa a través de su teléfono celular, fue detenido por un oficial de policía quien lo entregó a la Patrulla Fronteriza. La esposa del Sr. Hernández-Contreras acudió apresuradamente a la escena y le suplicó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que no se llevaran a su esposo, pero lo hicieron de todas formas y lo presionaron para que firmara su “salida voluntaria”. Los agentes amenazaron al Sr. Hernández-Contreras diciéndole que si se rehusaba a firmar iba a permanecer detenido por varios meses, sin informarle que podía ser puesto en libertad bajo palabra o bajo fianza si optaba por no firmar la “salida voluntaria”. Los agentes tampoco le informaron que no podría reingresar a los Estados Unidos durante diez años si salía del país.

El Demandante Samuel Nava es esposo de una ciudadana estadounidense. Agentes de la Patrulla Fronteriza lo arrestaron mientras realizaban un control rutinario de tráfico en el 2011 y lo llevaron a una de las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Los agentes amenazaron al Sr. Nava diciéndole que si se rehusaba a firmar, podía permanecer detenido por meses, sin informarle que podía quedar libre bajo palabra o bajo fianza si decidía no optar por la “salida voluntaria”. Los agentes también informaron erróneamente al Sr. Nava diciéndole que ningún juez de inmigración en los Estados Unidos iba a otorgarle una dispensa, pero que podía legalizar su estatus a través de su prometida desde México. Los oficiales amenazaron con tomar represalias en contra de su familia y no le dijeron que no iba a poder reingresar a los Estados Unidos durante diez años si salía del país. Bajo presión, firmó el formulario de “salida voluntaria” y fue expulsado del país. Su prometida se vio forzada a abandonar su vida aquí en los Estados Unidos para acompañar al Sr. Nava en México, en donde se casaron y viven en la actualidad.

 
 

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